Publicación del EL PAIS
Miembros de la policía científica ayudarán en la
identificación de las cajas para obtener restos óseos con los que cotejar el
ADN. Algunos descendientes llevan 20 años esperando este momento
Un equipo mutidisciplinar de 15 técnicos va a iniciar
este lunes, según adelanta EL PAÍS, las tareas de exhumación en el Valle de
Cuelgamuros —el nombre que adquirió en 2022 el Valle de los Caídos— para tratar
de recuperar los restos reclamados por familiares de 128 víctimas de la Guerra
Civil; la mayoría, represaliados del franquismo. Fausto Canales, que tiene a su padre y a su tío
enterrados en el mausoleo, lleva 20 años esperando este momento. En el interior
de la basílica se ha instalado un completo laboratorio forense, con aparato de
rayos X, microscopios, herramientas de medición, mesas e iluminación especiales
para que los expertos puedan trabajar. En la operación, impulsada por el
Gobierno para cumplir la Ley de Memoria Democrática, participan, además de seis
forenses, un grupo de arqueólogos, odontólogos, genetistas y cuatro miembros de
la policía científica, cuya misión específica consiste en ayudar a identificar
las cajas en las que están enterradas las víctimas si los números de
inscripción no se aprecian bien a simple vista.
En diciembre, operarios de la empresa pública Tragsa,
arquitectos y otros especialistas de Patrimonio Nacional comenzaron a
acondicionar el área para proteger el retablo, asegurar las estructuras
arquitectónicas y garantizar la seguridad de los técnicos, que trabajarán con equipos
de protección individual, gafas, mascarilla, guantes y botas de aislamiento. Se
han colocado, además, filtros de aire para minimizar la aspiración del polvo en
suspensión en la zona de los columbarios.
Fausto Canales posa con las fotografias de su padre,
Valerico, y de su tío Victoriano, ambos enterrados en el Valle de Cuelgamuros.VÍCTOR SAINZ
Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Al igual que ocurrió
con la exhumación de la tumba del dictador Francisco Franco, en
octubre de 2019, el proceso fue paralizado en los juzgados durante meses. En un
primer momento, por grupos franquistas y antimemorialistas, y después, por la
alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban, del PP, quien
se negó a autorizar la licencia de obra para intervenir en las criptas y llegó a declarar ante un juez acusada de prevaricación el 25 de
enero. El Tribunal Supremo no admitió a trámite en marzo el
último recurso de la Fundación Franco para tratar de imponer medidas cautelares
y suspender los trabajos. La llamada Asociación para la Defensa del Valle de
los Caídos amenaza con querellas por profanación.
El dispositivo se
ha diseñado para atender las 128 reclamaciones de restos presentadas por
familiares de víctimas pertenecientes a ambos bandos, el franquista y el
republicano, siendo este último el grupo mayoritario. En la capilla del Santo
Sepulcro, donde van a empezar a intervenir este lunes, se busca a 78; y en la
del Santísimo, donde se intervendría en una segunda fase, a 39. Hay también
restos de víctimas en otras criptas, donde los técnicos entrarán más adelante.
En Cuelgamuros fueron enterradas, en total, 33.847 personas, el equivalente a
la ciudad de Teruel.
Cuando Franco ideó
el monumento para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil, pensaba que las obras iban a
prolongarse cinco años, pero fueron 19 y, para entonces, muchas
viudas de los “caídos por Dios y por España”, como las de los asesinados en
Paracuellos, rechazaron el traslado de los restos al mausoleo. El Ministerio de
la Gobernación pidió entonces por carta a los ayuntamientos cuerpos para
introducir en las criptas, y muchos de ellos contestaron que no tenían víctimas
franquistas pero sí “fosas del ejército rojo”. El régimen aceptó y por todo el
territorio nacional, sin que sus familiares lo supieran, se abrieron fosas comunes de
republicanos para trasladar los cadáveres al Valle. En algún
caso, como ocurrió en la fosa donde había sido enterrado, junto a otras seis
personas, Valerico Canales, el padre de Fausto, se dejaron, con las prisas, un
cráneo, vértebras, piezas dentales… que fueron descubiertas por los
descendientes en 2003.
Documento en el que un Ayuntamiento responde al Régimen
de que no tiene restos de caídos del bando nacional para enviar al Valle de los
Caídos, pero sí fosas del "ejército rojo".CEDIDA POR
QUERALT SOLÉ
Cuando, con el paso
de los años, ya en democracia, los familiares de las víctimas descubrieron que
los restos habían sido trasladados al Valle de los Caídos, ahora llamado de
Cuelgamuros, comenzaron a reclamar su traslado. En 2016, Manuel Lapeña obtuvo una
sentencia a favor de la exhumación de su padre y de su tío, pero murió en 2021, a los 97 años, sin
haber podido cumplir su deseo por la catarata de recursos presentados por
grupos profranquistas y antimemorialistas. Su hija, Purificación Lapeña, ha
continuado su lucha. Otros familiares que reclaman los restos tienen también
una edad muy avanzada, como Mercedes Abril, de 89 años, y Silvino Gil, de 87.
Ambos quieren recuperar a sus respectivos padres.
Manuel Lapeña, primero por la izquierda, mostraba una
fotografía de su padre fusilado, acompañado de su familia en su casa de
Zaragoza en 2016.BERNARDO PÉREZ
El régimen estableció cuatro clases de muertos: A, B, C y
D, según dónde estuvieran enterrados y si estaban o no identificados. Solo para
mover cadáveres de la clase A era necesaria la “conformidad familiar”. Los
restos se introdujeron en cajas de madera individuales, de 60 x 30 x 30
centímetros, o colectivas, de 120 x 60 x 60 centímetros, con anotaciones sobre
su lugar de origen. El equipo técnico designado ahora por el Gobierno ha
analizado con unas pértigas con cámara cómo se encuentran los columbarios, y en
algunos niveles —en el interior de la cripta hay cinco— el estado es mejor de
lo que esperaban. Aprovecharán la búsqueda de los restos reclamados para
limpiar y renovar otras cajas que pudieran estar deterioradas. Solo las
correspondientes a las reclamaciones familiares serán trasladadas al
laboratorio en el interior de la basílica para proceder al análisis
antropológico.
Operarios colocan las cajas con restos traídas desde distintas provincias en el interior del Valle de los Caídos en los años cincuenta. En primer plano, restos procedentes de Castellón de la Plana, Ávila y Aldeaseca.EFE
Método de trabajo y cadena de custodia.
La historiadora Queralt Solé, autora de varios estudios
sobre el Valle de Cuelgamuros, ha realizado, junto al historiador David Tormo,
una investigación específica sobre la biografía y el recorrido de las víctimas
cuyos restos reclaman las familias. Los seis forenses (Elisa Cabrerizo, Enrique
Dorado, Ignasi Galtés, Elisa Ruiz-Tagle, José Luis Prieto y Fernando Serrulla),
de amplia experiencia, seguirán el protocolo de Minnesota de Naciones Unidas
para garantizar el correcto registro y la cadena de custodia de los restos.
Entre la zona de los columbarios y el laboratorio se han construido sendas
esclusas de aislamiento. Las cajas serán limpiadas con aspiración, examinadas
por la policía científica (el exterior) y por los forenses, que decidirán cuál
es la mejor pieza (un hueso, un diente...) para tomar una muestra. En esta
primera fase, de Cuelgamuros no saldrán, en ningún caso, esqueletos, sino esas
muestras que se analizarán en el Instituto Nacional de Toxicología para
cotejarlas con las muestras genéticas de los familiares.
Dentro de la cripta, las cajas están dispuestas en cinco
niveles de altura y, por seguridad, se trabajará de abajo a arriba. Comienzan
por la capilla del Santo Sepulcro porque es la que alberga el mayor número de
reclamaciones de restos y porque en ella se cree que fueron inhumados los
hermanos Lapeña y en ese caso hay una sentencia judicial pendiente de
cumplimiento desde 2016. Toda la información recabada se documentará en un
informe pericial que integre los documentos elaborados por los distintos
especialistas, que contarán con el apoyo de un consejo asesor presidido por el
secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, e integrado,
entre otros, por los directores del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses y el Instituto de Medicina Legal y uno de los mejores
forenses del mundo, Francisco Etxeberria, al que Chile pidió ayuda para examinar
los restos del cantautor Víctor Jara, los del expresidente Salvador Allende y
los del poeta Pablo Neruda.
Los trabajos se prolongarán previsiblemente más allá de
las elecciones del 23 de julio, cuando el Ejecutivo estará en funciones, pero a
partir de ese momento su continuidad depende del Gobierno que salga de las
urnas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que derogará la Ley de Memoria Democrática si
llega al Gobierno. Su eventual socio, Vox, ha sido especialmente beligerante
contra la norma. El actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de cuyo
departamento depende la secretaría de Estado de Memoria Democrática, insistió
la pasada semana en que permitir que las familias puedan recuperar los restos
de sus seres queridos “no es política, es humanidad”, y subrayó que “un
demócrata” no debería oponerse a los avances que ha supuesto la ley.
Las exhumaciones en las criptas del Valle de Cuelgamuros forman parte de un proceso de resignificación del monumento franquista que arrancó en 2007, al prohibirse los actos de exaltación de la Guerra Civil en sus inmediaciones; continuó en 2019 con el traslado de los restos de Franco, prosiguió con los de Primo de Rivera, fundador de Falange, en marzo, y debía concluir con un centro de interpretación o museo que sirva para explicar al visitante qué era el nacionalcatolicismo y para qué y por quién (mano de obra presa) se construyó el monumento. El adelanto electoral ha salvado, de momento, a la comunidad benedictina, que iba a ser expulsada del recinto por un decreto del Gobierno al considerar “incompatible” su presencia con los nuevos fines del monumento. La pirámide con la que el dictador quiso inmortalizar su victoria en 1939 se convertirá, durante los próximos meses, en un laboratorio forense.
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