Entrega de los restos de los fallecidos en la cárcel de Orduña a sus familias

Los restos de los hermanos Del Amo, de Villagonzalo, muertos en la prisión franquista de Orduña, recibirán sepultura el lunes

Video de la entrega de los restos a los familiares.

Enlace del video: piar doble clip en la imagen.

Entrega de los restos de los fallecidos en la cárcel de Orduña a sus familias.

Acto de entrega a los familiares.

Publicado: 29/07/2023 16:24 (UTC+2)

Última Actualización: 29/07/2023 16:24 (UTC+2)

Hasta el momento se han podido identificar a cinco víctimas de los 71 restos recuperados. Todos ellos son fallecidos en la prisión franquista de Orduña, donde murieron un total de 225 personas, entre 1937 y 1941, durante la época en la que fue campo de concentración y prisión.

 

Salvador y Manuel vuelven a su tierra 82 años después.

Los restos de los hermanos Del Amo, de Villagonzalo, muertos en la prisión franquista de Orduña, recibirán sepultura el lunes

Cáceres | 28·07·23 |

El nieto de Manuel muestra la imagen de su abuelo, cuyos restos llagarán a Extremadura. SANTIAGO GARCIA VILLEGAS.

   

Los restos mortales de los hermanos Salvador y Manuel del Amo Jiménez, naturales de la localidad pacense de Villagonzalo, volverán a su tierra 82 años después de la muerte de ambos, en 1941, en la prisión franquista de Orduña (Vizcaya). El próximo lunes, a las 20.00 horas en la Casa de la Cultura de Villagonzalo, tendrá lugar un acto cívico de homenaje a Manuel y Salvador, junto con familiares, amigos, vecinos y asociaciones de memoria histórica.

El hijo de Manuel del Amo, Pedro del Amo, cuya muestra de ADN ha sido primordial en el proceso de identificación, «con 95 años verá descansar los restos de su padre en el cementerio del pueblo que lo vio nacer, acompañado de sus seres queridos, según ha informado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEx). Una vez realizado el acto de homenaje, a las 21:00 horas los restos de Manuel serán trasladados y reinhumados en el cementerio de Villagonzalo y los de Salvador al día siguiente, 1 de agosto de 2023, en el cementerio de Badajoz, donde descansa su esposa.

Manuel fue condenado a muerte, y posteriormente le fue conmutada la última pena por la de 30 años de prisión, por ser afín al gobierno de la II República. Salvador corrió una suerte similar, condenado a 20 años de prisión por «Auxilio a la Rebelión».

Después de pasar por varias instituciones penitenciarias en Extremadura (Castuera, Mérida, Cáceres), ambos fueron trasladados a la Prisión Central de Orduña (Vizcaya) para cumplir su pena. Salvador tenía 52 años cuando murió el 13 de marzo de 1941, estaba casado con Dionisia Donoso y tenía tres hijos. Su hermano Manuel murió un mes después, con 48 años, el 5 de abril de 1941.

Oficialmente, la causa de la muerte fue «miocarditis», pero en realidad fue por «avitaminosis», enfermedad producida por la falta o escasez de vitaminas. Anteriormente, la esposa de Manuel, Antonia Cano Castañeda, había sido fusilada el 26 de septiembre de 1936 junto a otras mujeres, «siendo desaparecida» en las tapias del cementerio de Villagonzalo tras la ocupación franquista de la localidad.

Con la muerte de Manuel, dejaron huérfanos a cuatro hijos de corta edad, de los que Pedro es el único de ellos que vive.

La ARMHEx ha detallado que más de la mitad de los 4.000 presos que pasaron por la Prisión Central de Orduña eran extremeños. Esta prisión franquista se levantó en 1937 en el Colegio de los Padres Jesuitas, primero para albergar a prisioneros de guerra leales a la República y después, a partir de 1939, para todo tipo de presos que fueran calificados por los fascistas como desafectos al régimen.

Las condiciones de vida en esta cárcel eran inhumanas: torturas, hambre, humillaciones, esclavitud y muerte. La mayor parte de los presos extremeños provenían del campo de concentración de Castuera y del campo de concentración de Santo Domingo (Mérida), de los cuales al menos 127 fallecieron en la prisión desde su llegada hasta 1941, según el registro de aquella.

«La de Badajoz fue la segunda provincia más afectada por la represión franquista»

La historiadora Candela Chaves publica 'Sentenciados', en el que se centra en actuación de la justicia franquista en la provincia de Badajoz de 1937 a 1950.

Eduardo Muriel

10 enero 2016 Una lectura de 8 minutos.

BADAJOZ // La investigadora Candela Chaves (Montijo, 1982) ha recorrido media península en busca de la documentación de los procesados por el régimen franquista en la provincia Badajoz, una de las regiones del país que vivió una represión más intensa. Ávila, Madrid, Salamanca… en un recorrido de años, en el marco del Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura, que incluyó también la visita a un buen número de archivos y ayuntamientos extremeños.

El resultado fue una tesis que saldrá próximamente a la venta en formato libro bajo el título Sentenciados (PREMHEX, 2016) y que analiza los procesos sumarísimos de cerca de 8.000 pacenses. Su trabajo deja a un lado la violencia desatada por la “columna de la muerte”, comandada por el general Yagüe, en los primeros meses de la contienda, y se centra en la actuación de la justicia franquista, de 1937 a 1950, utilizada de manera represiva con un objetivo ideológico, pero también de clase.

¿La represión en Extremadura fue especialmente dura?

Sí, es muy elevada en comparación con otras regiones. La de Badajoz fue la segunda provincia más afectada por la represión después de la de Sevilla. Las razones de estas cifras globales son tanto la actividad política que tenía la región, sobre todo la provincia pacense, el modelo represivo de la llamada “Columna de la Muerte” a su entrada y, por último, la propia idiosincrasia de la región con respecto a la actitud de ambas provincias ante el golpe militar. Los datos que tenemos nos permiten crear un perfil del represaliado, y es el de una persona con una cierta participación política en organizaciones y agrupaciones de izquierda. Pero no se reprimía sólo a aquellos que tenían una implicación activa, sino en todos los grados, desde alcaldes hasta simples afiliados, o gente que sólo había mostrado simpatías hacia las políticas republicanas. Por ejemplo, hay penas de doce años de reclusión por haber acudido a manifestaciones antes del golpe. No obstante, en la provincia de Badajoz el perfil del represaliado indica que la violencia fue también social, porque era gente de una clase muy determinada, la mayoritaria aquí: campesinos, jornaleros, braceros y muchas profesiones artesanales, como zapateros, herreros o albañiles.

¿Destaca también en estos años la represión a la mujer?

Por el propio devenir de la represión, la mujer sufría esa violencia cotidiana, esas vejaciones, esa humillación, en un nuevo Estado donde a la mujer se le quitaron todos los derechos y fue ninguneada y casi invisibilizada. Fue una doble represión. Además a nivel procesal se la despreciaba. Según las sentencias, el hombre tenía una conciencia política, se identificaba con la izquierda y lo hacía mediante la razón. La mujer, si tenía una militancia de izquierda, estaba movida por un impulso, por unas bajas pasiones, era algo mucho más visceral. Uno de los casos más conocidos es el del alcalde de Castuera, Basilio Sánchez, que fue condenado a muerte y ejecutado por su cargo, acusado de ser líder y dirigente de la «revolución marxista» en el pueblo. A la mujer la ejecutaron también, por ser mujer del alcalde de Castuera y por lo tanto fomentar ese clima revolucionario. Hay muchos matrimonios y familias enteras que son represaliados.

 ¿Qué carácter tuvo la represión en esta zona?

En Badajoz no hubo guerra, hubo un frente pero no fue largo. La represión no fue porque un bando se enfrentase a otro, fue sistemática y muy intencionada, hacia una clase social muy concreta. No hubo un enfrentamiento de armas, se mató a la gente por una cuestión política y social. En la provincia de Badajoz se crea la bolsa de la Serena y hay una parte que queda bajo control franquista y otra bajo control republicano. Mucha gente de la parte franquista huyó hacia la zona controlada por la República. En Cáceres, los consejos de guerra empiezan a funcionar ya a partir del 36 porque la provincia se subleva desde el primer momento. En Badajoz no, se resiste de una forma muy dura. Cuando los africanistas llegan es cuando empiezan esas matanzas ejemplarizantes y esa «quema» del territorio. Aquí no hay guerra, aquí es matar. No había muchos efectivos. Las fuerzas del ejército franquista eran mucho mayores, con más material y experiencia. Había una gran desigualdad de fuerzas.
En su libro se centra sobre todo en la represión una vez acabada la guerra. ¿Quién queda por represaliar en los años 40 en Extremadura?
Queda la posible disidencia. La inversión en violencia que hace Franco desde el primer momento le va a permitir vivir de las rentas del miedo. Esa violencia no sólo elimina al que se ha significado, también corta, mediante el terror, la disidencia que pueda generarse. El régimen no se mantiene durante tantos años porque haya gente a favor y en contra, sino que hay una masa gris que es la que sostiene el régimen, gente a la que le da igual, gente que se adapta. Y la inversión que hace Franco en violencia durante los primeros años le controlar por el miedo los territorios que ha ido dominando. A finales de los 40 queda aún mucho guerrillero y gente que está militando en partidos clandestinos. En 1947 hubo un juicio a miembros del PCE clandestino en Almendralejo. Intenté indagar en ese proceso pero por falta de tiempo aún no he podido. Lo tengo pendiente. En el 45 empieza ya a descender la actividad guerrillera en la zona, sobre todo porque la acción de la Guardia Civil es muy efectiva, porque es brutal. La dictadura también se nutrió de gente muy, muy violenta, que realizó torturas, lo que conllevó una presión continua en los pueblos. Era el brazo armado más potente que tenía el régimen. La agrupación guerrillera que había en esta región se movía por el norte y este, por la zona de Herrera, que ya linda con Toledo y es más montañosa.

El alcalde de Badajoz fue capturado en Elvas, Portugal, y fusilado. También ejecutaron al de Castuera. ¿Hubo muchos cargos republicanos de primera línea asesinados?
Lo del alcalde de Badajoz fue un asesinato extrajudicial, en los primeros momentos de la guerra y sin juicio. En la zona oeste, la mayor parte de los dirigentes, como alcaldes, concejales, dirigentes de partidos, fueron asesinados en los primeros meses. Fue una limpieza brutal de esa cabeza política que se identificaban con la República. Había que eliminar a la república, física, cultural e ideológicamente. El castigo, como lo entiende el franquismo, es a través de la redención, es decir, si has actuado a favor de la República, has errado y por tanto mereces ser castigado por ello. El castigo va a ser muy duro y encima tienes que resarcir el daño que has hecho. Se hará mediante colonias penitenciarias, trabajos forzados, reconversión ideológica en prisiones, campos de concentración y en el día a día. Se adoctrina a todo un pueblo eliminando cualquier vestigio de la república.
¿Qué papel tuvieron las organizaciones clandestinas en Extremadura?
Durante la república, en el norte de Cáceres había mayor impacto de organizaciones anarquistas. En la provincia de Badajoz tenía fuerza el Partido Socialista, las casas del pueblo en cada localidad, la UGT y sindicatos agrarios. Sí que es verdad que luego dentro de la clandestinidad el que tuvo mayor peso fue el PCE. Sobre todo es el que más cobertura tuvo entre el exilio. En todo caso, es un tema que aún está siendo estudiado.
¿La represión franquista en la zona responde a las ocupaciones masivas de tierras que hubo en Extremadura en los años anteriores al golpe?
Sí, en aquellas localidades durante hubo ocupaciones de tierras, sobre todo los dirigentes fueron represaliados. En los consejos de guerra no suelen aparecer estos motivos. Las ocupaciones fueron un motivo más aunque el principal fue la significación política. En Montijo, por ejemplo, no hubo ocupaciones y fueron represaliadas más de cien personas, que son muchas en un pueblo de sus dimensiones.

¿Qué papel tuvieron campos de concentración como el de Castuera?

En Extremadura hubo varios, tanto en Cáceres como en Badajoz. Se crean por el propio devenir bélico. Durante la guerra se valla un terreno o se habilitan edificios para recluir a prisioneros. Normalmente son plazas de toros, como en Badajoz, que fue el primero, en Plasencia, en Trujillo y en Cáceres. En Llerena también, al que se llamó “el fusiladero”. La zona este, la Siberia, es la última que cae, coincidiendo con el final de la guerra y la caída de Cataluña. A medida que van subiendo a la cornisa cantábrica y llegando a Cataluña, hay tantos prisioneros en la zona de vanguardia que los comienzan a llevar a la retaguardia, a los campos de esta zona. Tienen una función práctica, que es la clasificación de prisioneros, basándose en los informes que llegan de sus pueblos de origen. Si ven que su actividad no ha sido tan negativa contra el alzamiento, empiezan a integrarlos en batallones de trabajadores para reconstruir el país, bien durante la guerra, construyendo fortines y trincheras, o después con empresas públicas y privadas. A partir de los 40 se integran en colonias penitenciarias, como las que hubo en Montijo, que son las que levantan todo el Plan Badajoz. El canal de regadío lo construyen presos de esta colonia. El campo de concentración de Castuera tiene una duración de un año aproximadamente y se estima que pasaron por él más de 8.000 personas. Es un campo muy grande. Fundamentalmente había extremeños, pero había también gente de otras procedencias.

¿No había cárceles suficientes?

Exacto, la prisión provincial de Badajoz estaba masificada. Durante toda la guerra hubo un problema de abastecimiento y falta de cárceles, por eso se hicieron campos de concentración. En Almendralejo, por ejemplo, había una cárcel que era un almacén de trigo. Imagina las condiciones, que ya de por sí eran insalubres en una prisión normal. De la provincia de Badajoz se mandaba gente sobre todo al norte o al sur. A muchas mujeres se las enviaba al norte, a cárceles femeninas como la de Amorebieta. El problema del llamado turismo carcelario es que también tiene una carga represiva, porque si estás aquí, en la cárcel de Badajoz, tu familia puede ir a llevarte comida, tienes una manutención externa y apoyo emocional. Pero si te mandan lejos y tu familia no tiene dinero, como era el caso la mayoría de las veces, era un problema.

De los represaliados fueron ejecutados una parte.

Claro, la represión no es sólo muerte. Hay muchísima gente en la cárcel, que lo pasa muy mal. Muchos mueren de enfermedades en ellas y en campos de concentración, otros muchos en los pueblos que se quedan sin nada porque le incautan bienes, reciben multas diarias, no tienen nada que comer, no pueden encontrar trabajo. Hay mucha gente que tiene que exiliarse, muchos a los que destierran, otros que tienen que vivir callados durante mucho tiempo. Eso es importante que se conozca. No con una intención revanchista, porque yo ya estoy harta de justificarme doblemente. Creo que se ha demostrado que no se va por ahí. No hay ni el 40% de las fosas exhumadas en toda España y hay muchas que nunca se sabrá dónde están. El problema es que para encontrarlas se necesita un testimonio oral y la gente se muere. Si además tienes una clase política que te dice que la gente se acuerda de su padre cuando hay dinero… si no te gusta el tema, vale, pero tampoco hace falta llegar a este extremo, olvidando todo respeto.

¿Crees que deberían las instituciones implicarse más con este tema?

Esto lo debería cubrir el Estado. Nadie tiene por qué poner de su bolsillo para costear una exhumación y abrir una fosa. En Extremadura las fosas se han abierto con voluntarios, dirigidos por un equipo arqueológico. Pero claro que necesitan dinero las exhumaciones, hay que pagar el material, el transporte y la manutención de los voluntarios durante el tiempo que dure. En las fosas de esta zona hay mucha gente. El modelo represivo que se usaba eran las sacas, con un número de personas elevado. En Llerena, por ejemplo, se exhumaron dos fosas, cada una con entre 30 y 40 cuerpos. Eso no se hace en un día, sino en un mes y medio. Yo estuve ahí. Vale que soy voluntaria pero el material y alojamiento son mínimamente necesarios para poder realizar esta labor.
 

Manifiesto contra el acuerdo PP-Vox de derogar la ley de Memoria Histórica en Extremadura.

Asociaciones memorialistas y voces de reconocido prestigio de la investigación histórica suscriben un documento que cuenta ya con más de trescientas adhesiones. Ian Gibson, Paul Preston, Luis Landero, Nieves Concostrina y Jordi Évole entre los firmantes del mismo.

 Presa Digital 

“Promoveremos la concordia y el respeto a la memoria de todos los extremeños y españoles. Ambas formaciones se comprometen a impulsar una nueva ley extremeña que sirva a la reconciliación y a la concordia real, y que derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura aprobada en 2018. La sociedad necesita acuerdos y normas de consenso, que no dividan en bandos, que no propicien la ruptura del pacto constitucional ni traten de moldear la historia para imponer una memoria parcial y sesgada”. Este es el contenido del punto 48 del acuerdo de gobierno de PP y Vox en Extremadura que ha suscitado, desde el momento de su conocimiento público, un rechazo unánime en distintos sectores de la sociedad extremeña.

Así, las veinte asociaciones que integran el movimiento de memoria histórica de Extremadura han promovido un manifiesto conjunto en el que muestran su rechazo al anuncio de PP y Vox de derogar las políticas institucionales de memoria democrática, especialmente la ley de 2019. Además, manifiestan su “determinación rotunda de seguir impulsando desde la sociedad civil, desde el compromiso personal y colectivo, y con el trabajo de las asociaciones, de la ciudadanía, de otros movimientos sociales y del resto de instituciones democráticas todas las iniciativas de recuperación de la memoria histórica de las extremeñas y de los extremeños”.

“Quizás cancelen la ley —concluye el manifiesto— pero no nuestro derecho a conocer y restituir la dignidad de las víctimas del franquismo”

Junto a las asociaciones de memoria histórica de la región, suscriben el manifiesto más de un centenar de mujeres y hombres profesionales de la historia, de la antropología y de la arqueología que han estudiado la II República, la Guerra y la represión franquista en Extremadura, como Justo Vila, Francisco Espinosa o Dulce Simões. Además, firman el texto varios colectivos de familiares de víctimas del franquismo y grupos ciudadanos, y ciento cincuenta intelectuales y profesionales, tanto de Extremadura como de diversos puntos de España y el mundo, especialmente de Portugal y Latinoamérica. Entre las firmas destacan los hispanistas Ian Gibson y Paul Preston, periodistas como Nieves Concostrina y Jordi Évole, novelistas como Luis Landero e Isaac Rosa, los cantantes, Pablo Guerrero, Luis Pastor y Enrique Villarreal, y los actores Fernando Ramos o Carolina Yuste.

“Quizás cancelen la ley —concluye el manifiesto— pero no nuestro derecho a conocer y restituir la dignidad de las víctimas del franquismo que —como las del nazismo en Alemania o las del fascismo en Italia— fueron precursoras en España de la lucha por la dignidad humana, por las libertades y por la democracia”.

Manifiesto:

MANIFIESTO POR LA DIGNIDAD Y LA MEMORIA EN EXTREMADURA 

Extremadura, 12 de julio de 2023

El movimiento por la MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA DE EXTREMADURA, integrado por miles de extremeñas y extremeños familiares de víctimas del franquismo, por veinte asociaciones memorialistas, por un centenar de historiadoras e historiadores dedicados al estudio de la represión franquista y por toda la ciudadanía sensible con el padecimiento de quienes fueron represaliados por razones políticas, ideológicas, sindicales, de creencia religiosa, de género o identidad y de orientación sexual durante la dictadura, reitera ante la opinión pública extremeña:

● Que a ninguna persona demócrata debería hacer falta recordarle que la memoria de las víctimas de cualquier conflicto o represión tiene que ver con los derechos humanos y que los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición son esenciales y, según la ONU y el derecho internacional, rigen toda resolución de un asunto así en un Estado de Derecho.

 ● Que a ninguna persona justa debería olvidársele que, durante los cuarenta años de dictadura franquista, se glorificó a una parte de las víctimas del golpe de Estado y de la Guerra Civil, y que las restantes fueron sometidas por razones ideológicas al olvido, y que esa desmemoria de quienes fueron víctimas del franquismo ha proseguido durante muchos años tras la aprobación de la Constitución de 1978.

● Que a ninguna persona sensata debería ser necesario insistirle en que la concordia se promueve cerrando heridas, no dejándolas abiertas, y que reivindicar en una democracia a las mujeres y hombres que fueron asesinados, torturados, encarcelados, robados y obligados al exilio por culpa de la dictadura solo pretende el reconocimiento de quienes lucharon por conseguir lo que ahora, en parte, tenemos.

● Que a ninguna persona cabal debería escapársele que no se puede olvidar lo que no se conoce y que la investigación histórica de las circunstancias de la represión, el libre acceso a los archivos y a la documentación histórica, y la promoción de la recogida de testimonios orales son procedimientos básicos donde asentar cualquier proceso de recuperación de la memoria.

● Y, en fin, que a ninguna persona de bien debería molestarle que saquemos a nuestros familiares de las cunetas y de las fosas comunes y los enterremos dignamente. Estos fundamentos, que apelan a la justicia, a la sensatez, a la democracia y a la humanidad, en los que se basan las iniciativas de memoria democrática, los reiteramos con ocasión del acuerdo de gobierno para la Junta de Extremadura suscrito entre el Partido Popular y VOX. Ante este acuerdo el movimiento memorialista extremeño manifiesta:

1º. El rechazo absoluto al anuncio de PP y Vox de derogar las políticas institucionales y los proyectos públicos que trabajosamente se han conseguido en la región tras tantas décadas de desmemoria, especialmente la Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura, todavía insuficientemente desarrollada.

2º. La determinación rotunda de seguir impulsando desde la sociedad civil, desde el compromiso personal y colectivo, y con el trabajo de las asociaciones, de la ciudadanía, dé otros movimientos sociales y del resto de instituciones democráticas todas las iniciativas de recuperación de la memoria histórica de las extremeñas y de los extremeños.

Quienes hacen política con la memoria histórica son quienes dirigen PP y Vox, que pretenden derogarla. Quizás cancelen la ley, pero no nuestro derecho a conocer y restituir la dignidad de las víctimas del franquismo que —como las del nazismo en Alemania o las del fascismo en Italia— fueron precursoras en España de la lucha por la dignidad humana, por las libertades y por la democracia.

Quienes niegan que el derecho a la memoria sea un derecho humano, patrimonio de la ciudadanía, parecen no darse cuenta de que seguiremos ejerciéndolo, aunque no haya leyes, porque el proceso de recuperación de la memoria histórica y democrática es un movimiento popular, de la sociedad civil, que jamás erradicarán.

En Extremadura, a pesar de PP y Vox, desde el movimiento por la MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA seguiremos hablando del franquismo, seguiremos dignificando a las víctimas, seguiremos recordándoles la historia, seguiremos haciendo memoria.